Un grupo de profesores, graduados y estudiantes de la facultad de Trabajo Social denunciaron ayer que “desde hace dos años se vienen realizando concursos docentes arreglados” con el objetivo de “garantizar la perpetración del proyecto político de la gestión de turno, mediante el acomodo en los cargos de allegados a las autoridades”.
Desde el decanato de la unidad académica afirmaron que “siempre se ha respetado a rajatabla la normativa, la ordenanza 179 (“Reglamento de concursos para la provisión de cargos de profesores ordinarios”) y el Estatuto de la Universidad. Desde aquí jamás se cambió la letra de esa normativa ni se hizo una libre interpretación de la misma”, subrayaron.
Dentro de la UNLP, pero por afuera de la facultad, algunos creen que esta es una pulseada “más política que académica en un año electoral”, en referencia a que entre octubre y noviembre se renovarán por completo los consejos directivos y se elegirán los nuevos decanos en todas las casas de estudio.
La profesora adjunta de Trabajo Social III, Silvina Pantanalli, dijo a este diario que el foco de la denuncia lo tienen puesto en “diez concursos que se realizaron en los dos últimos años”, que “incluyen materias del nuevo plan de estudios (que se implementó en 2015) y otras donde había cargos por cubrir por jubilaciones y otras causas”.
Aseveró que “no se respetaron los procedimientos formales para garantizar la transparencia” y enumeró distintas “anomalías”. “Históricamente, todos los representantes docentes en los jurados de los concursos para elegir profesores titulares y adjuntos fueron externos, en cambio ahora son de la casa y afines, política e ideológicamente, a la gestión. Por otro lado, los temas para exponer se sortean (48 horas antes), pero hubo un caso donde se dio ganador a un concursante que expuso un tema no sorteado”, aseguró.
Finalmente dijo que “la evaluación de los antecedentes deja muchas dudas. Por caso, en Economía Política se validó a un contador público sin un posgrado, con escasa trayectoria docente y casi sin publicaciones, y se dejó de lado a un economista con una maestría, dos doctorados, libros publicados”.
En ese contexto, Pantanalli, delegada gremial por la Lista Magenta, indicó que su grupo propone crear “un banco de evaluadores con docentes externos y de amplias trayectorias, que se designen por sorteo”.
La decana de Trabajo Social, Alejandra Wagner, explicó que “la ordenanza 179 y el Estatuto establecen que los integrantes de los jurados de los concursos son elegidos por los representantes de los distintos claustros en el consejo directivo (“el jurado será designado por el consejo directivo”, reza el artículo 26 del Estatuto). Si un docente cuestiona eso está cuestionando el cogobierno universitario y la representatividad de su claustro en el consejo”.
“RESPETAR A LOS PARES”
Enfatizó que “desde la convocatoria hasta la sustanciación de cada concurso se ha cumplido a rajatabla la normativa. Incluso -aclaró- hay un tiempo durante el cual se exponen los postulantes a un cargo docente, y cualquiera puede presentar impugnaciones y recusaciones. Ha ocurrido y se han evaluado como corresponde. Asimismo, ha pasado que el consejo elaboró un dictamen por mayoría y otro por minoría para elegir a un profesor para una cátedra. Y siempre se dio el debate y se presentaron las argumentaciones correspondientes”.
Wagner indicó que “en los concursos hay tensiones lógicas a raíz de las distintas visiones sobre un área que tienen los postulantes, pero eso es parte del juego que se da en todas las facultades. En este caso, lo que se cuestiona es la legitimidad de los pares en el cogobierno”, remató.
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